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¿Por qué es importante la ciencia?
Vía | Amazings.es
El Ministerio de Cultura viene desarrollando una política de criminalización de los usuarios al dictado de las entidades de gestión de derechos de autores y editores y las multinacionales que dominan la industria cultural.
Con la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, el Ministerio pretende lograr lo que las entidades de gestión no han conseguido hasta la fecha en los tribunales, ni por la vía penal ni por la civil: el cierre de páginas web que incluyan enlaces para descargar obras a través de las redes de intercambio de archivos P2P.
Una sentencia dictada por el titular del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona reconoce la legalidad de las webs que no ofrecen contenidos sujetos a propiedad intelectual, sino meros enlaces para descargar obras a través de las redes.
Los enlaces constituyen “la base misma de Internet”, señala la sentencia. Y añade que las redes P2P, “como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet”, tampoco vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual.
El intercambio no lucrativo de obras culturales ha sido siempre una práctica social y moralmente aceptada. Y también ha generado negocio para multitud de sectores que forman parte de la industria cultural: autores, editores, fabricantes de equipos de reproducción, grabación y soportes de almacenamiento, medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones…
Los consumidores son los únicos que no obtienen lucro económico del acceso gratuito a las obras culturales. Pero también son el único sector criminalizado por la industria cultural y los gobiernos que se pliegan a sus intereses.
La industria se resiste a actualizar su modelo de negocio y adaptarlo a la nueva realidad de Internet, como ya hizo en momentos históricos anteriores con el nacimiento de la radio, la televisión o el vídeo doméstico.
Porque los usuarios siempre han compartido la cultura. Lo hacían décadas atrás mediante el préstamo o intercambio de obras grabadas en discos de vinilo y después en cintas de cassette, para más tarde hacerlo con los CDs y los DVDs. Hoy lo hacen fundamentalmente a través de Internet.
Apelamos a nuestros gobernantes y al conjunto de los partidos políticos a que reflexionen sobre las decisiones que vienen adoptándose o proponiéndose a nivel nacional, europeo y mundial en contra de los ciudadanos para favorecer a un poderoso lobby con un modelo de negocio caduco que no quiere reconvertirse.
La campaña Si eres legal, eres legal, desarrollada durante el último año por el Ministerio de Cultura, ha sido considerada por los consumidores como el peor anuncio del año (FACUA.org/lapeorempresa). En ella se equipara el acceso gratuito a obras culturales a través de vías como las redes P2P con estar a punto de atropellar a un recién nacido por ser un temerario, rayar un coche o patear contenedores de basura. Y en la web de la campaña, el Ministerio demuestra su falta de respeto a las opiniones que discrepan con la suya llamando “ilegales” que “intentan engañarte” y “manipular” a los que defienden las descargas no lucrativas.
Ya está bien de insultar a millones de ciudadanos calificándolos de piratas, llamándolos criminales, por el mero hecho de compartir cultura.
Es necesario un cambio en las formas de gobernar, comenzando a escuchar a los ciudadanos y no sólo a la industria.
El Consejo de Ministros aprobará hoy viernes en Sevilla la “Ley de Economía Sostenible”, que incluye la conocida como “Ley Sinde”, que permitirá el cierre de páginas web en sólo cuatro días. Me sumo a los blogs que republican hoy el manifiesto conjunto del pasado mes de diciembre. Si tienes página en la red, si publicaste en su momento el manifiesto, si la red es para ti algo importante; te invito a hacer lo mismo:
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia
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